Argumenta que la pieza atenta contra su derecho a la preservación de su cultura.
La Asociación Civil Litigio Estratégico Indígena informó que acompaña a un ciudadano yucateco mayahablante en su demanda de amparo contra la instalación de la estatua de poseidón en Puerto Progreso, Yucatán, bajo el argumento de que menoscaba su derecho a la preservación de su cultura maya.
Carlos Orlando Pérez Zaldívar, persona indígena mayahablante, argumenta en su demanda que la estatua de la deidad griega atenta contra el derecho previsto en el Artículo 2, apartado A, fracción IV,, de la Constitución Federal que reconoce el derecho de las personas indígenas para “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan
su cultura e identidad”.
“Como persona indígena maya tengo el derecho a que se privilegie la preservación de mi cultura, gastronomía, deidades, lugares sagrados, monumentos, etcétera. Este derecho me lo otorga el artículo 2, apartado A, fracción IV, tengo el derecho a la preservación de mi cultura. El dios Chaac forma parte de mi cultura maya”, dice la demanda, de acuerdo con la información difundida por Litigio Estratégico Indígena, asociación con sede en Oaxaca.
Esta demanda de amparo explica que Poseidón es el dios de los mares dentro de la mitología griega, que es completamente ajena a la cultura maya, donde además existe una deidad similar conocida como Chaac o Cháak, en maya yucateco.
“En nuestra cultura maya Chaac es el dios de la lluvia y del agua: Chaac (del maya yucateco: Cháak ‘lluvia’) fue un importante dios maya, vinculado con el agua y sobre todo con la lluvia. Similar al Tláloc nahua, al Pitao Cocijo zapoteca y al Dzahui mixteca… Tengo el derecho humano a que mi cultura maya sea preservada. Si existía el interés de honrar al dios del agua, de las lluvias y de los mares, nuestra cultura maya tiene consigo a sus propias deidades”, señala Pérez Zaldívar.
La demanda de amparo determinaría si la estatua de Poseidón puede o no permanecer en el playón de Progreso y la decisión queda en manos de un juez federal que deberá determinar si el reclamo es procedente.
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