Poder Judicial se niega a emitir orden de captura contra segundo probable tirador en caso Colosio: AMLO

Que Piña informe por qué se reunió con el líder del PRI durante proceso electoral, señala López Obrador.

El Poder Judicial se niega a emitir la orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen y quien es señalado como probable segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Así lo denunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, al reprochar de nueva cuenta las acciones de jueces y magistrados en torno a temas de justicia relevantes en el país.

La Fiscalía General de la República (FGR) retomó hace unos meses la hipótesis del segundo tirador en el crimen contra el ex candidato del PRI a la Presidencial de la República suscitado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.

“En el caso del asesinato del candidato Colosio, ¿se acuerdan de que hablamos de cómo un juez niega la orden de aprehensión? Pues ya tengo el informe de la Fiscalía (General de la República) en donde se está esperando una resolución. Se presentó un recurso de queja y el juez no quiere resolverlo”, señaló el mandatario en su conferencia en Palacio Nacional.

Leyó parte del informe que le envió el fiscal general, Alejandro Gertz en el que se señala que desde el 30 de octubre del año pasado se solicitó la orden de aprehensión en contra del inculpado.

El reporte advierte que pese a las insistencias de la Fiscalía, el juez quinto de distrito de procesos penales federales del estado de México no aceptó la competencia, declinándolo al juzgado primero de distrito y, posteriormente, éste lo regresó al primero.

Por lo que el jefe del Ejecutivo enfatizó que “han estado ahí, peloteando” el caso para poder emitir la orden de aprehensión en contra del ex agente del Cisen, quien de acuerdo a información de las autoridades ministeriales tras el asesinato de Colosio, fue rescatado por Genaro García Luna, quien entonces era parte de esa corporación de espionaje y en el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en secretario de Seguridad Pública.

De acuerdo con el documento de la FGR, los jueces no han tomado en consideración las pruebas presentadas por el Ministerio Público y prolongaron por varios meses la decisión de emitir la orden de aprehensión; hasta que en enero de este año el juzgado quinto de distrito —al primero en el que se solicitó el arresto— negó la orden de aprehensión.

Ante ello, el 8 de enero se interpuso un recuso de apelación en un tribunal colegiado ante la falta de acción del juzgador, el cual lleva varios meses sin ser debatido en sesión.

El 15 de junio de este año, según el informe de la Fiscalía, se solicitó audiencia con la magistrada del tribunal colegiado de apelación, quien comentó que el tiempo para resolver el recurso planteado sería el promedio de cuatro meses.

Así, el pasado 15 de julio la FGR volvió a revisar —como lo hace cada lunes desde que en enero presentó la apelación— la lista de asuntos a sesionar en el primer tribunal colegiado de apelación, “pero no se encuentra contemplado para la sesión del 18 de julio”.

En el documento enviado al presidente, el fiscal Gertz explicó que si el tribunal colegiado confirma la negativa de la orden de aprehensión, “no procedería ningún recurso, en virtud que ni el código procesal ni la ley de amparo lo prevén”.

En caso de que así sea, detalló que la FGR tendría que volver a ejercer acción penal reforzando los elementos de prueba”.

Sin embargo, el nuevo proceso correspondería al mismo juez que ya negó la orden de aprehensión, lo que para el fiscal general representaría un nuevo obstáculo porque “el titular de ese juzgado ya se encuentra predispuesto en su criterio, por lo que se procurará invocar alguna causa de impedimento para que sea otro juzgado el que atienda”.

Que Piña informe por qué se reunió con el líder del PRI durante proceso electoral: AMLO

Detrás de la oposición a que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados está el rechazo a la posibilidad de que se realice la reforma al Poder Judicial, afirmó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, informe por qué durante el proceso electoral sostuvo una reunión con el presidente del PRI y a qué acuerdos llegó con él.

“Son muy marrulleros, deshonestos, y todo, volvemos a lo mismo, por los intereses, por los privilegios, porque no quieren que los jueces estén a servicio del pueblo, quieren que los jueces, llámese magistrados o ministros, estén al servicio de una minoría, tanto de la delincuencia organizada, como de la delincuencia de cuello blanco”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.

El mandatario reveló que en una reunión que sostuvo el lunes con un grupo de congresistas de Estados Unidos, de los partidos demócrata y republicano, en el Palacio Nacional, los legisladores le preguntaron sobre la reforma. Señaló que les explicó que con la reforma se busca acabar con la corrupción en el Poder Judicial.

“Antier estuvieron conmigo legisladores de Estados Unidos y fue una pregunta también a partir de la manipulación: ¿qué está pasando con el Poder Judicial? Nada, es que se busca que jueces, magistrados y ministros sean electos y se les está dando la oportunidad a ellos de que participen”, comentó el tabasqueño y dijo que les puso como ejemplo de la corrupción judicial la liberación de Rafael Caro Quintero, que ocurrió un sábado, así como del hijo de José Antonio Yepez El Marro, el cual fue liberado también en sábado por orden de un juez.

Agregó que prefirió no comentar con los legisladores estadunidenses -“porque ya era mucho”- sobre los jueces que protegen a empresas extranjeras, los que no liberan órdenes de aprehensión contra acusados de participar en crímenes de Estado.

“Y otras cosas: el que la presidenta de la Suprema Corte va a una cena a la casa de otro ministro, una casa de lujo en las Lomas y se entrevista con el presidente de un partido, cenan y seguramente llegan a acuerdos, que por cierto, debería de informar la señora de qué hablaron, y además cómo es que aceptó ir a esa cena en pleno proceso electoral”, siguió.

“Entonces eso es lo que está de por medio. ¿Cuál violación al Estado de derecho? Si eso no es Estado de derecho, es estado de chueco, de cohecho. Lo que se busca es resolver este problema, porque si no va a ser la misma puerta giratoria, lo mismo de siempre, solo castigar al que no tiene con qué comprar su inocencia”, agregó el mandatario.

El gobierno federal presentó una proyección de cómo de la integración de la Cámara de Diputados para la LXVI Legislatura (2024-2027), en la que indicó que debe aplicarse lo que señala la ley respecto a la representación proporcional conforme a los principios contemplados en la Constitución y la ley electoral.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde señaló que con la aplicación de la ley vigente, que indica que la distribución de los diputados plurinominales debe hacerse por partido y no por coalición, la coalición Morena-PT-Verde obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, mayoría calificada, necesaria para hacer modificaciones a la Constitución sin necesidad de los votos de la oposición.

“No quieren que se obtenga la mayoría calificada y que se tenga la posibilidad de reformar la constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre y dicen que no es por partido, que es por coalición”, sostuvo.