Israel permitirá condenar a prisión a niños de 12 años acusados de ‘terrorismo’

Permanecerían encerrados hasta cumplir los 14, edad mínima para recibir condena.

El Parlamento israelí (o Knéset) aprobó anoche una disposición temporal que permitirá a los tribunales del país condenar a prisión a infantes a partir de los 12 años de edad, si son encontrados culpables de asesinato por motivos “terroristas”.

Según la norma, los niños entre 12 y 14 años de edad podrán ser condenados a prisión y encerrados en un centro hasta que cumplan los 14 años, momento en el cual la ley israelí permite transferirlos a la cárcel.

En Israel, la responsabilidad penal comienza a los 12 años pero las penas de prisión solo podían aplicarse a partir de los 14 años.

La nueva norma es una disposición temporal que estará en vigor cinco años, pero podrá ser renovada por períodos de dos años tras su expiración.

Una norma similar estuvo en vigor entre 2016 y 2020, pero no fue renovada.

La disposición fue presentada, entre otros, por parlamentarios del partido ultranacionalista Poder Judío, liderado por el actual ministro de Seguridad Nacional, el colono antiárabe Itamar Ben Gvir.

Desde su vuelta a la actividad tras el receso de verano, a finales de octubre, el Parlamento israelí ha aprobado una serie de controvertidas medidas, como la prohibición en Israel de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), la deportación de familiares de “terroristas” a Gaza o el despido de profesores por expresar apoyo a la lucha armada palestina.

En Israel, el término “terrorista” se usa indistintamente para referirse a atentados contra civiles o a ataques contra soldados israelíes cometidos por grupos armados palestinos, tanto en territorio israelí como en Cisjordania ocupada o Gaza. 

El Parlamento israelí aprueba la ley para deportar a Gaza a familiares de atacantes árabes

Israel aprobó un proyecto de ley que permitirá deportar a Gaza a familiares de los autores de ataques “terroristas”, término que en Israel se usa indistintamente para referirse a atentados contra civiles o a ataques contra soldados israelíes, generalmente cometidos por árabes.

El proyecto, aprobado de madrugada (fuera del foco mediático) por 61 votos a favor frente a 41 en contra, da autoridad al ministro del Interior israelí para “deportar a la familia del autor de un ataque si se demuestra que tenía conocimiento previo de la operación y no hizo todos los esfuerzos necesarios para evitarla”.

El texto de la norma estipula que la deportación será por un período de siete a quince años si el autor del ataque es ciudadano de Israel y por diez a veinte si es residente de Jerusalén Este (parte de la ciudad anexionada unilateralmente en 1980, sin el apoyo de la comunidad internacional, y donde Israel gobierna de facto, pese a que sus habitantes palestinos no tienen la ciudadanía).

La ley estipula también que los atacantes israelíes mantendrán su ciudadanía pese a ser expulsados del país.

La Policía israelí (controlada por el ministro antiárabe de Seguridad Nacional, el colono extremista Itamar Ben Gvir) tendrá poderes para implementar la deportación, incluido el derecho a entrar en cualquier lugar y utilizar la fuerza necesaria para deportar a cualquier residente, según el texto explicativo de la norma en la web de la Knéset.

En un comunicado condenando la medida, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes reducidas de Cisjordania ocupada, advirtió de que la norma forma parte de “un intento sistemático israelí de anexionarse los territorios palestinos ocupados”.

Los ataques perpetrados por árabes israelíes o palestinos, especialmente en estaciones de trenes y autobuses en territorio israelí, se han incrementado en estos últimos meses, mientras Israel mantiene su ofensiva en la Franja de Gaza y Líbano y crece la tensión con Irán y sus grupos satélite.

En lo que va de 2024 unos 435 palestinos han muerto en el territorio por fuego israelí, la mayoría milicianos de los campamentos de refugiados, pero también civiles, incluidos al menos 71 menores, según el recuento.