Reclaman los despidos realizados contra los policías que se mantuvieron en paro de labores.
Ante las continuas bajas en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la página Campechanos Unidos convoca a una marcha más en contra de Marcela Muñoz Martínez, jefa del mando policial de Campeche. Esto ante la posibilidad de que continúen los despidos de elementos que se mantuvieron en paro de labores contra la funcionaria y sus mandos medios.
La marcha será el próximo 30 de noviembre a las 18 horas, en el malecón de la ciudad, con vías a finalizar en el área donde está ubicado el Palacio de Gobierno así como el Poder Legislativo, esto con la finalidad de reunir firmas en un documento para justificar la solicitud de juicio político contra la funcionaria, así como el diputado presidente del Congreso estatal, Antonio Jiménez.
Además, otro detonante han sido los ataques mediáticos a la alcaldía de Campeche por presuntos despidos injustificados, pues los organizadores de la marcha aseguran que se trata de un ataque sistemático contra la alcaldesa Biby Rabelo, quien les ofreció trabajo a varios de los elementos policíacos dados de baja de la SPSC.
En la marcha se espera la participación de los elementos despedidos, así como sus familiares. En la publicación de la invitación, decenas de ciudadanos han manifestado que participarán pues de alguna u otra forma, se han visto afectados por las malas decisiones del gobierno estatal, al cual acusan de atacar a sus adversarios políticos.
Los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) negaron tener alguna relación con dicha convocatoria y aprovecharon a señalar que parece una coincidencia, pero la realidad es que hay una evidente cargada en contra de los gobiernos municipales encabezados por el partido naranja, aún y cuando en los casos más sonados que son Campeche y Hecelchakán, los munícipes solo se defienden de agresores a la ley.
En este sentido, la página que saca la convocatoria pidió presentarse con ropa blanca, marchar pacificamente y con la intención de manifestar su derecho ciudadano para inconformarse en contra de una autoridad que, señalan, ha pisoteado los derechos de más de 120 policías dados de baja.
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