Diputados aprueban la Ley Federal de Derechos; permitirá al gobierno recaudar más de 137 mil mdp.

La iniciativa afectará el cobro por extracción minera en México, así como suprimirá la exención a ingresos al país vía cruceros.

La Cámara de Diputados aprobó hoy la Ley Federal de Derechos, con lo que el gobierno obtendrá el año próximo una bolsa de 137 mil 500 millones de pesos (mdp), derivada de puntos como el aumento en el cobro de beneficios por extracción minera, y por suprimir la exención a ingresos al país en viajes en crucero, vuelos fuera del país y cuotas a las escuelas de aviación.

Luego de un debate que se redujo únicamente a una ronda de intervenciones a favor y en contra de la norma –además de los posicionamientos iniciales de cada grupo parlamentario–, la propuesta fue aprobada por 341 votos en favor y 95 en contra, y pasará al Senado para que continúe el trámite legislativo de su ratificación.

Tras aprobarse el lunes la iniciativa en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro, en la sesión de hoy los partidos mayoritarios destacaron que el dictamen busca “el aprovechamiento del agua, los minerales y el espectro radioeléctrico, al mismo tiempo genera recursos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y proyectos públicos prioritarios, y fomenta la equidad fiscal”.

José Antonio López Ruiz (PT) subió a tribuna para subrayar que, con el aumento del derecho por extracción minera, de 7.5 a 8.5 por ciento, el cual se cobra a las empresas que explotan minerales en el país, se aprovecha este bien natural del país para que sea una “riqueza compartida”. Además, habrá un aumento de ingresos extraordinarios por extracción de oro, plata y platino, de 0.5 a 1 por ciento.

De igual forma, saludó que la “eficiencia y el combate a la corrupción” en el cobro de derechos hará posible que en 2025 este rubro sea 123 por ciento mayor con respecto a 2024, con cerca de 78 mil mdp extra.

Por su parte, la morenista Paola Tenorio resaltó que el dictamen incluye la exención del pago de derechos a pueblos indígenas y afromexicanos en el pago de derechos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, igual que a grupos de voluntarios en labores de rescate y auxilio.

Durante una intervención en la que comenzó a faltarle el aire, por haber corrido a tribuna para no tardar más en el inicio de su discurso, la legisladora también destacó que se haya eliminado la exención de pago por derecho de uso del espacio aéreo mexicano a las escuelas de aviación, pues estas ejercen su labor de enseñanza con fines de lucro.

Otros diputados de mayoría también defendieron que en la Ley de Derechos el 67 por ciento de las cuotas cobradas a los extranjeros al ingresar al país –de 860.56 pesos—sean destinadas al Ejército, para sostener la operación del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y la aerolínea Mexicana, y también que el restante 33 por ciento se envíe a la Tesorería de la Federación como recursos “sin destino específico”, para fines de “gasto público”.

“Cochinito de caprichos presidenciales”

En sentido contrario, la oposición reclamó que en el dictamen hay poca claridad y transparencia del uso de los recursos públicos, además de estar basado en “números alegres” que no se corresponden con la realidad.

La panista Eva María Vázquez afirmó que la Ley de Derechos “es como una alcancía que debería llenarse con recursos” para mejorar aspectos como la salud, la educación y la seguridad, “pero con Morena, esa alcancía se ha convertido en un cochinito de caprichos presidenciales. En lugar de atender las necesidades de los mexicanos, están tirando el dinero en un tren que destruye selvas, una refinería que no refina y un aeropuerto son vuelos”.

Por su parte, Emilio Lara Calderón (PRI) lamentó que en la norma no se consideró el componente de los ingresos por la venta de petróleo, además de que se destinaron sólo 30 por ciento de esos fondos a las necesidades de la población, y 70 por ciento a “una empresa (en alusión a Pemex) mal administrada y con objetivos poco claros”.

El dictamen “deja vacíos y lagunas”, como el hecho de que el 16 por ciento de los derechos que paguen los ciudadanos extranjeros al ingresar a México se vayan a la Tesorería de la Federación, sin especificar ningún rubro.

De forma similar, Héctor Saúl Téllez (PAN) alertó que, aunque “ningún integrante de la Comisión de Hacienda de los diputados del oficialismo supo explicar cuánto se recaudaba por el concepto de derecho que pagan los extranjeros al ingresar a nuestro país”, se calcula que esa bolsa podría ser de casi 22 mil mdp, muchos de los cuales estarían “bajo completa opacidad”.

A decir del legislador, “cuando aquí se suben a hablar de que esta iniciativa marca una riqueza compartida, les decimos que no. En realidad, el sello es de corrupción, opacidad, dispendio. No es riqueza compartida: es el saqueo de camaradas que existe en nuestro país”.

El blanquiazul, recalcó, “no puede votar a favor de este dictamen, toda vez que se están implementando cobros a las escuelas de aviación; cobros y redondeos a las entradas en áreas protegidas y parques nacionales, cobros por los derechos aeroportuarios, cobros por la explotación minera”, cuya utilización no está clara.