Reforma al Infonavit pretende erradicar la corrupción: Romero

Autoridades denuncian ventas de una misma vivienda a varios derechohabientes.

Las reformas propuestas por el Ejecutivo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pretenden homologar el esquema de gobierno de ese órgano con el IMSS (tripartita) y combatir actos de corrupción, pues se ha encontrado que los sectores empresarial y de trabajadores —que forman parte del cuerpo directivo— han favorecido ese tipo de casos, como la venta de una misma vivienda a varios derechohabientes.

Así lo dio a conocer esta mañana el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, ante la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Indicó que el instituto tiene representación en sus órganos de dirección de los tres sectores: gubernamental, empresarial y de los trabajadores; sin embargo, los dos últimos se han opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al grado de ordenar a la anterior dirección general del Instituto presentara amparos contra sus resolutivos.

El funcionario presentó un resumen de los objetivos de las reformas —que fueron aprobadas en el Senado la semana pasada, aunque falta discutirse en la Cámara de Diputados, y la Comisión Permanente ha propuesto un parlamento abierto para analizarlo— a las que se han opuesto diversos sectores, en particular representantes de la patronal y de los trabajadores, argumentando que hay riesgo de “que se pierdan los ahorros” de los trabajadores y que se pierda la estructura tripartita.

Al respecto, la mandataria federal remarcó que el objetivo de la reforma a la Ley del Infonavit “es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos de los trabajadores que son sus fondos de ahorro, que permitan que pueda tener vivienda, y generar esquema que también participen desarrolladores privados, pero hacer vivienda social que es el objetivo central del infonavit”.

Anunció que en breve se presentarán denuncias penales correspondientes contra quienes resulten responsables de la corrupción al interior del instituto, donde además de integrantes del cuerpo directivo, se ha detectado están involucrados trabajadores del organismo, notarios públicos y otros actores para la venta de la misma vivienda a varias personas, por ejemplo.

Romero Oropeza planteó que las reformas respetan el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit; se homologa el esquema de gobierno corporativo al del IMSS; el director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República; se eliminan las direcciones sectoriales (de trabajadores (que gana 271 mil pesos mensuales, y empresarial, que percibe 262 mil mensuales) que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero si prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República (que gana 140 mil mensuales).

Además, se termina el esquema de pago por asistencia a las sesiones de asamblea, consejo, comités y comisiones, de los integrantes de los sectores, que actualmente oscilan entre los 60 y 90 mil pesos por cada asistente en cada sesión.

“Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores”, afirmó el director general.

Agregó que en el actual esquema de gobierno del instituto, el director general no tiene influencia ni en la asamblea general ni en el consejo de administración, donde sí tienen peso los directores sectoriales del empresariado y de los trabajadores.

“Al existir tres direcciones en el Instituto, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces, dado que sólo realizan observaciones administrativas e irrelevantes, y no atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando”, apuntó Romero.

Con la reforma, dijo, no sólo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que se permitirá, “como hoy no sucede”, la fiscalización por parte de la ASF.

Sheinbaum Pardo manifestó su extrañamiento por el hecho que dentro del consejo de administración, los sectores empresarial y de trabajadores en la estructura del Instituto hayan obligado a su anterior director, Carlos Martínez, a ampararse contra los resolutivos de la ASF.

“Fue una resolución del consejo de administración, el director general no tiene voto en el consejo, y no hay responsabilidades ante el director general de trabajadores y para el de empresarios. Proponemos un cambio en la estructura, que sea transparente, que los trabajadores tengan certeza que están seguros sus ahorros, que haya construcción vivienda, y que haya una estructura que permita una auditoría”, subrayó la mandataria.

Enfatizó que contrario a lo que han dicho los actores que han criticado la reforma —entre ellos varios opositores—, “lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles, y que no se den estos actos de corrupción que no pueden ser sancionados, porque resulta que el Infonavit tiene una estructura que no permite auditar. Eso está en el fondo de la reforma”.

Detectados, al menos cuatro casos recientes de corrupción

Romero Oropeza, informó que se han detectado al menos cuatro casos de corrupción en años recientes en el seno de ese organismo, ante los cuales los sectores empresarial y de trabajadores del consejo de administración han impedido sean auditados y, por ende, sancionados.

El funcionario evidenció tres de estos casos en los que han sido favorecidas empresas, notarios, trabajadores del propio instituto, en perjuicio de los trabajadores.

Uno de los casos presentados es el de la empresa Telra Realty, que en 2014 fue contratada por el Instituto para diseñar y operar plataforma para administrar soluciones vivienda de acreditados que cambiaron de lugar donde vivían.

Se le contrató por un monto de 100 millones de pesos y la firma tenía dos años para establecer plataforma.

“Cuando se venció este plazo, la empresa no entregó servicio contratado, debió haber sido penalizada en ese momento por no cumplir; contrario a ello, no sólo no se le penalizó, sino que el consejo de administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil millones de pesos”, lo que sucedió en 2016, refirió el director del Instituto.

Otro ejemplo de actos de corrupción, agregó Romero Oropeza, es en programa llamado Línea III, que consiste en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes.

“Este tipo de proyectos son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de trabajadores y la empresarial, y así son presentados al consejo de administración para su autorización. No hay estudio técnico, financiero de ninguna índole. Sólo proponen empresas para un desarrollo, se autoriza porque son dos terceras partes del consejo”.

Hasta ahora, acentuó, se han identificado 22 proyectos autorizados entre 2017 y 2018 que no han sido concluidos y presentan adeudos con el Infonavit de 575 millones de pesos; adicionalmente hay otros 18 desarrolladores con una deuda de 768 millones de pesos por el resultado de deficiencias en seguimiento a pagos.

El funcionario presentó otro caso más relacionado con una red delictiva al interior del instituto para estafar a los derechohabientes, pues se vende una misma vivienda a varios trabajadores. Lo que se ha detectado opera en 21 entidades del país.

En esta red participan trabajadores del Infonavit, notarios públicos y constructoras para otorgar múltiples créditos para la misma vivienda.

La revisión hecha hasta ahora, que no incluye 11 entidades federativas, ha descubierto que se dieron 12 mil créditos para la compra de mil 400 viviendas, “lo que significa que éstas se vendieron hasta cuatro veces cada una por año. Esto sin que la comisión de vigilancia o el comité de auditoría tomarán acciones contra los responsables”.

No existe en el mercado vivienda accesible para 7.3 millones derechohabientes

Actualmente, hay 7.3 millones de derechohabientes —que ganan hasta dos salarios mínimos— que pueden acceder a un crédito a través del Infonavit, pero no encuentran vivienda acorde a sus capacidades económicas, pues no existen en el mercado, señaló el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza.

Esto, dijo, debido a que en la última década se ha dado un déficit en la construcción de vivienda social destinada a los trabajadores con menores ingresos, ya que la de interés social debe tener un costo promedio de 550 mil pesos.

El funcionario indicó que hasta agosto de este año se había construido apenas 81 mil viviendas totales para interés social.

Recordó que el Infonavit se creó en 1972 para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, y por 15 años operó con normalidad su función primordial, que era dar crédito barato a los derechohabientes.

“Pero a partir de 1987 y hasta el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera inexplicable se entregaron créditos cuya característica fue que a pesar que los derechohabientes realizaban sus pagos correspondientes, lejos de bajar, subían los créditos, esto los convertía en créditos impagables eso provocó que al día de hoy la cartera del Infonavit, que consta de 6.2 millones de créditos, tenga 4 millones en condición de impagables”.

Romero aseveró que en la pasada administración se instrumentaron medidas en beneficio de la derechohabiencia del Infonavit, las cuales derivaron en el cambio de modelo de créditos impagables y el establecimiento de políticas que prohibían el desalojo de familias. Esquema que, dijo, se sigue en el gobierno de Sheinbaum.

Agregó que el incremento al salario mínimo y a la generación de empleos en los últimos años, “jugaron a favor de los trabajadores, pues recursos del fondo de vivienda aumentaron más de cinco veces, al pasar de 140 mil millones en 2018 a cerca de 800 mil millones al cierre de gobierno pasado”.

Parte de la reforma al instituto, planteó, contempla un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en tres vertientes:

Crédito barato y suficiente, para que los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos o menos tengan acceso a vivienda; el desarrollo de vivienda, con la compra o donación de terrenos y construcción de la misma; y el arrendamiento social con opción a compra, en el que los trabajadores van a poder rentar sin exceder el pago de 30 por ciento de su salario para tener acceso a una vivienda adecuada.

Además, refirió, “la constructora del Infonavit realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan e históricamente no han tenido acceso a una vivienda barata y suficiente.

“La empresa constructora de vivienda se hace indispensable por lo siguiente: los últimos diez años se ha reducido notablemente la construcción de vivida en general, particularmente la de interés social con valor promedio de 550 mil pesos.

“Los beneficios de constructora es que se va a reducir tiempo y costos de producción de vivienda, mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción; se le dará prioridad a la mano de obra de los estados; y las viviendas van a estar ubicadas en los centros de desarrollo urbano y contarán con todos los servicios”, indicó el director general del Infonavit.