“HEREDA” PROBLEMAS LEGALES, PROGRESO

Un conflicto legal que se originó en 2016, durante la administración de José Isabel Cortés Góngora, ha resurgido como un importante desafío para el actual Ayuntamiento de Progreso, encabezado por Erik Rihani González. El problema gira en torno a una demanda presentada por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Progreso, liderado en su momento por el fallecido Manuel Cortés Góngora, para la inscripción retroactiva de empleados sindicalizados al Isstey y el pago de cuotas de seguridad social.

De acuerdo con Lincoln Palma Rodríguez, abogado que lleva el caso desde su inicio, la deuda municipal con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán (Isstey) supera los $100 millones de pesos y aumenta cada año. Actualmente, más de 500 empleados sindicalizados y socios de otros dos gremios podrían beneficiarse si se concreta el proceso legal.

El conflicto, que permaneció estancado durante las administraciones de Cortés Góngora y Julián Zacarías Curi, ha vuelto a tomar fuerza en el contexto del actual gobierno estatal morenista. Los trabajadores sindicalizados han intensificado las gestiones para reactivar la demanda, buscando garantizar su acceso a prestaciones como seguridad social, jubilaciones y préstamos.

El Ayuntamiento actual reconoce el problema como una de las “herencias negativas” de administraciones pasadas. Jorge Alberto Castillo León, titular de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento, señaló que el caso está siendo atendido, pero enfatizó la necesidad de priorizar el presupuesto para no comprometer otros proyectos esenciales para la comunidad.

“Estamos en conversaciones con los liderazgos sindicales y hemos solicitado que presenten un proyecto formal que detalle sus necesidades y posibles soluciones”, indicó Castillo León. Aunque aún no se recibe tal propuesta de manera oficial, aseguró que se mantienen abiertas las mesas de diálogo.

El conflicto también ha derivado en protestas recurrentes por parte de los trabajadores, quienes buscan presionar a las autoridades para que resuelvan sus demandas. Las manifestaciones más recientes se registraron durante el proceso de entrega-recepción entre administraciones, a finales de agosto y principios de septiembre de 2024.

El crecimiento constante de los sindicatos ha agravado el problema, pues cada vez son más los trabajadores que no cuentan con prestaciones. Ante esta situación, el Ayuntamiento busca equilibrar las necesidades de los sindicatos con las de la sociedad en general, en un intento por encontrar una solución que satisfaga a ambas partes.

Por el momento, el Ayuntamiento se mantiene en la búsqueda de alternativas que permitan atender este complejo problema sin comprometer la estabilidad financiera del municipio.