Diputados federales exigen que Tribunal Agrario se quede en Campeche

Rubén Moreira Valdez y Christian Castro Bello, coordinador y vicecoordinador general del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) respectivamente, presentaron una iniciativa de punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Tribunal Superior Agrario a mantener la permanencia en funciones del Tribunal Unitario Agrario (TUA) 34-A con sede en la ciudad de San Francisco de Campeche.

De acuerdo con la iniciativa priista, la importancia de los tribunales agrarios radica en su capacidad para proteger los derechos de los campesinos frente a abusos, despojos o irregularidades legales; actúan como contrapeso a las desigualdades históricas en el acceso a la tierra, promoviendo equidad y seguridad jurídica en las zonas rurales, y fomentan la resolución pacífica de conflictos, evitando confrontaciones que puedan derivar en violencia o desestabilización social.

En 2022, “el Tribunal Superior Agrario recibió 990 asuntos y resolvió 968, mientras que los tribunales unitarios agrarios atendieron 53 mil 761 asuntos, de los cuales 51 mil 822 fueron admitidos y 52 mil 451 concluidos. Este volumen de trabajo subraya la importancia del tribunal en la administración de justicia agraria en la región”, destaca el texto presentado ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por los legisladores del Revolucionario Institucional.

La propuesta de punto de acuerdo, que Moreira Valdez y Castro Bello consideran urgente y de obvia resolución, resalta que en Campeche se ventilan alrededor de 600 asuntos en esa sede del TUA. Muchos de los juicios agrarios en proceso serán detenidos y en otros casos significará cambios de abogados, generando más costos para los campesinos.

De instrumentarse el Acuerdo 2/2025, emitido por el pleno del Tribunal Superior Agrario, esa sede -la 34A- del TUA cerrará sus actividades a partir de 31 de enero del presente año. Campesinos o ejidatarios deberán ir a Quintana Roo, Yucatán o Tabasco.

Al respecto, Castro Bello comentó que por la importancia de estos tribunales decidieron alzar la voz desde el GPPRI, presentando esta propuesta de exhorto que busca que dejen sin efecto el Acuerdo 2/2025 que emitió el pleno del Tribunal Superior Agrario y mantener la permanencia en funciones del TUA en Campeche.

“La medida del Tribunal Superior Agrario aumentará los costos y tiempos de traslado para los campesinos, afectando negativamente su acceso a la justicia”, subrayó.

Este hecho, advierte la iniciativa, generará costos mayores a quienes tengan la necesidad de llevar un juicio agrario, toda vez que no solo tendrán que ir a Campeche a tramitar documentación en el Registro Agrario Nacional o en su caso ante la Procuraduría Agraria, ubicados en la ciudad de Campeche, sino con posterioridad tendrán que dirigirse a otra ciudad, lo cual les ocasionara un doble gasto. 

Además, “los campesinos enfrentarán al desconocimiento de instituciones de la defensoría pública que en la mayoría de los casos es el órgano que los auxilia y apoya en la tramitación de sus asuntos, y quien tienen el apoyo técnico de un abogado particular, tendrán que cubrir no solamente los costos de honorarios, sino también tendrán a su cargo los gastos de viáticos para transporte y alimentación que afectará su economía”.