Trasladan a La Haya al ex presidente filipino Duterte, detenido por crímenes contra la humanidad

El ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, partió el martes en avión hacia La Haya después de haber sido detenido en el aeropuerto de Manila por una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que le acusa de crímenes contra la humanidad por su mortífera guerra contra el narcotráfico.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que esa campaña durante su mandato (2016-2022) se cobró la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres pobres, a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico.

Una vez que llegue a La Haya, Duterte, de 79 años, tiene que ser transferido a la sede de la CPI, que abrió una investigación sobre esta campaña que inició en 2016.

Los abogados del ex presidente presentaron el miércoles una petición en nombre de su hija menor, Verónica, ante la Corte Suprema de Filipinas acusando al gobierno de “secuestro” y exigiendo que lleven “de vuelta” a Duterte.

En una rueda de prensa, el sucesor de Duterte, Ferdinand Marcos, había confirmado el despegue del avión en la noche del martes en dirección a La Haya “para que el ex presidente responda a las acusaciones de crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas”.

Corresponsales de la AFP vieron la aeronave hacer escala en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

Tras el despegue del avión en Manila, la CPI confirmó haber emitido una orden de arresto. “Una vez que el sospechoso está bajo custodia de la CPI, se programa una audiencia de comparecencia inicial·, declaró su portavoz Fadi Abdullah.

Duterte exigió conocer el fundamento de su arresto, en un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija Verónica. 

“¿Cuál es la ley y cuál el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí», declaró en el video. «Me trajeron aquí no por mi voluntad, sino por la de otro (…) Tienen que responder por la privación de libertad”, agregó.

Por su parte, la vicepresidenta filipina e hija del ex presidente, Sara Duterte, denunció en un comunicado que se habían llevado a su padre “a la fuerza”. “Esto no es justicia, esto es opresión y persecución”, dijo la dirigente, que el miércoles por la mañana tomó un avión en dirección a Ámsterdam.

Duterte fue detenido en el aeropuerto de la capital tras un breve viaje a Hong Kong.

Hablando el domingo a miles de trabajadores filipinos en Hong Kong, el expresidente condenó el proceso en su contra y calificó a los investigadores de la CPI como “hijos de puta”, aunque dijo que “aceptaría” la detención.

Filipinas abandonó la CPI en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otro caso de asesinatos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde, tres años antes de ser presidente.

Duterte recibió un velado apoyo de China, que, a través de un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, exhortó a la CPI a “ejercer su poder con prudencia en conformidad la ley y a evitar la politización y el doble rasero”.

La CPI inició una investigación formal en septiembre de 2021 pero la suspendió dos meses después, cuando el gobierno filipino afirmó que estaba estudiando cientos de casos de operativos antidrogas que resultaron en muertes a manos de policías, vigilantes y sicarios.

El caso se reanudó en julio de 2023 después de que un panel de cinco jueces rechazara la objeción del gobierno de que la CPI tenía jurisdicción.

Desde entonces, el gobierno del presidente Ferdinand Marcos dijo que no cooperará con la investigación.

Duterte tiene gran popularidad entre muchos filipinos que apoyaron su forma drástica de combatir el crimen, y sigue teniendo influencia política. 

Actualmente, aspiraba a volver a ser alcalde de Davao, su bastión electoral, en los comicios de mayo.

Durante su gobierno, Duterte instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un “narcoestado”.

En octubre, durante una investigación del Senado sobre la guerra contra las drogas, Duterte dijo que no daría “disculpas o pretextos” por sus acciones.