Ejidatarios de Campeche y Yucatán se unen para exigir pago justo por tierras

La firma francesa Engie Group intentó arrebatarles 197 mil 450.51 metros cuadrados

Ejidatarios de Campeche y Yucatán acordaron integrar un frente común para la defensa de sus tierras ante la empresa francesa Engie Group, que desarrolla el proyecto de un gasoducto de casi 700 kilómetros que abarcará varios estados del sureste de México, en el cual se invierten al menos 2 mil millones de dólares.

El comisario ejidal de Pomuch, Pedro Yam Poot –acompañado del tesorero Santiago Roberto Kuk Couoh; el secretario Lorenzo López Palma y el ejidatario Armando Collí Mis–, expuso que la firma gala intentó arrebatarles 197 mil 450.51 metros cuadrados mediante una asamblea que consideraron ilegal y amañada, realizada el 10 de septiembre de 2023.

“Nos ofrecieron apenas 30 pesos por metro cuadrado, cuando en ejidos vecinos han pagado entre 125 y 285 pesos”, señaló el comisario Yam Poot.

Detalló que la compañía no cumplió con el pago en el plazo establecido de un año, lo que permitió a los ejidatarios sesionar el 19 de enero de 2025 para rechazar los acuerdos previos, decisión que ya fue inscrita ante el Registro Agrario Nacional.

El proyecto Cuxtal II consiste en la ampliación de un gasoducto que unirá a Tabasco con Yucatán para transportar gas natural, y correría de manera paralela al primer ducto Mayakán, construido en 1997 y cuya concesión por parte del ejido de Pomuch vence en 2027, con 15 metros de separación entre ambos.

Los ejidatarios aseguraron que Engie Group utiliza diferentes tabuladores de precios para pagar montos distintos en cada ejido. En Hecelchakán pagaron 125 pesos por metro cuadrado, en Tenabo, 135 y en Maxcanú, Yucatán, 285 pesos. Es una situación totalmente injusta. Ahora estamos exigiendo un mínimo de 500 pesos por metro cuadrado para comenzar nuevas negociaciones, puntualizó el líder ejidal.

Directivos de la empresa no asistieron a una reunión

El pasado fin de semana, los representantes de Engie Group no asistieron a una reunión informativa convocada en Pomuch, Campeche, lo que indignó a los labriegos y los llevó a consolidar un frente común en defensa de sus tierras.

Ante lo que interpretaron como una nueva muestra de indiferencia, comunidades afectadas en Campeche y Yucatán acordaron unir esfuerzos para exigir un pago justo por los terrenos utilizados en el gasoducto Cuxtal II.

Pedro Yam explicó que ya estableció contacto con otros ejidos como Santa Cruz, Poc Boc, San Bernardo y Kopomá, este último en Yucatán, para coordinarse en la negociación.

La empresa ofrece 30 pesos por metro cuadrado, mientras que los ejidatarios exigen 500 pesos. Además, consideraron que Engie Group ha intentado negociar con cada localidad por separado, para debilitar su posición.

Amilcar Canul Poot, representante del ejido Santa Cruz, señaló que no está contra el proyecto, pero sí exige condiciones justas. “Si todo es legal, ¿por qué piden que no informemos a otros ejidos?”, cuestionó, refiriéndose a intentos del consorcio por evitar que compartan información sobre los pagos ofrecidos.

La asamblea reiteró que las tierras no se entregarán hasta alcanzar un acuerdo justo, y anticipó más acciones conjuntas para presionar a la empresa y a las autoridades. Los líderes ejidales apuntaron que Engie Group pretende utilizar los terrenos en conflicto durante 30 años, aprovechándose de la ignorancia de las familias campesinas.

Obra de 700 kilómetros

La obra abarca la edificación de 700 kilómetros de ducto, tres nuevas estaciones de compresión y tres de medición; seguirá la ruta actual del gasoducto por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Durante el arranque del proyecto en junio del año pasado, Cécile Prévieu, ejecutiva de Infraestructura de Engie Group, informó que se invertirán unos 2 mil millones de dólares, y que el proyecto atravesará 28 comunidades indígenas de cuatro entidades, lo que implicará tramitar más de mil permisos a nivel federal y local.

“Este proyecto es emblemático por el acceso de las poblaciones locales a una energía más competitiva, segura y limpia, y en el desarrollo económico de la región. Tiene un impacto directo en los precios de la electricidad y repercutirá en la economía de la región, atrayendo a nuevas industrias”, subrayó.

Sostuvo, además, que generará más de 4 mil empleos directos y fomentará el desarrollo económico de la zona, e igualmente se realizarán más de 275 obras de infraestructura social que beneficiarán a 158 comunidades de la península.