La lucha por el acceso libre a las playas de Yucatán sigue siendo una batalla en la que los ciudadanos y autoridades no terminan de encontrar una solución efectiva. Recientemente, ha salido a la luz una denuncia ciudadana a través de redes sociales que da cuenta de una nueva construcción ilegal en las playas del puerto de Chicxulub, que ha provocado indignación entre los habitantes y turistas de la zona.
De acuerdo con la denuncia, una barda perimetral está siendo erigida a tan solo cuatro cuadras del muelle de Chicxulub, bloqueando el paso a la playa. La obra, que colinda directamente con el mar, se encuentra en la calle 12 de esta comisaría y está vinculada a una propiedad privada identificada como «El Capricho».
Los vecinos de la zona y diversos usuarios de redes sociales han señalado que esta construcción no solo impide el libre acceso a la playa, sino que también refleja un patrón preocupante: la creciente privatización de las costas yucatecas por parte de inversionistas extranjeros, que con total impunidad continúan apropiándose de espacios públicos sin ningún tipo de sanción o intervención por parte de las autoridades locales.
En este sentido, los denunciantes exigen que las autoridades municipales y estatales, así como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), actúen de inmediato para frenar esta obra y garantizar el acceso libre y sin restricciones a las playas, un derecho que ha sido violado repetidamente por particulares que buscan lucrar con bienes que son patrimonio de todos los yucatecos.
La situación se complica aún más debido a que este tipo de construcciones ilegales no son un hecho aislado. En varias zonas costeras del estado se han reportado situaciones similares, donde propiedades de lujo y desarrollos turísticos están invadiendo terrenos federales y privatizando accesos a la playa, sin que se tomen medidas contundentes para frenar este tipo de abusos.
El caso de Chicxulub Puerto es solo un ejemplo más de la problemática que enfrentan los habitantes de las zonas costeras, que ven con preocupación cómo la falta de intervención efectiva de las autoridades permite que inversionistas extranjeros continúen con la privatización ilegal de playas en Yucatán.
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