“Este cambio en la ley no obliga a abortar, y no puede ni debe imponer decisiones. El objetivo es dejar de considerar criminal a quien, por la razón que sea, decide interrumpir su embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación”, argumentó la representante ciudadana Larissa Acosta Escalante
En tribuna Legislativa, Acosta Escalante, reconoció que el tema del aborto asusta a muchos políticos , pero es momento de dar un paso adelante hacia una legislación más justa.
El dictamen presentado, actualiza el marco legal conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que penalizar el aborto voluntario es inconstitucional.
Con la reforma se elimina el artículo 392, que actualmente impone prisión a quien decide abortar voluntariamente. Se protege la posibilidad de interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. Se tipifica el aborto forzado como delito, sancionando con mayor firmeza a quienes atentan contra la voluntad de quien está gestando.
“No voto favor desde una ideología, lo hago con la convicción que todo embarazo debe de ser no solo deseado, sino que cada embarazo debe ser un proceso digno que garantice el Estado. Que ninguna persona tenga que enfrentar sola una decisión así de difícil, marcada por la violencia, la pobreza o el abandono del Estado” precisó la Legisladora.
La propuesta legislativa se enfoca en que las infancias no enfrenten embarazos producto de abuso. Que el Estado asuma la responsabilidad de prevenir que las infancias sean expuestas a ciclos de violencia sexual, atender estos casos con urgencia y abordarlos desde una perspectiva integral.
“El Estado debe garantizar condiciones reales para que maternar no implique abandono ni sufrimiento: consultas pediátricas accesibles, redes de apoyo cuando no hay un padre responsable, cuando la familia excluye o cuando la comunidad juzga. Si la maternidad va a ser una elección, entonces debe ser acompañada” propuso la representante ciudadana.
Acosta recalcó que el Estado tiene la obligación de ofrecer atención psicológica gratuita a quien lo solicite, sin estigmas, sin prejuicios, sin condiciones.
Asimismo enumeró como temas urgentes la correcta capacitación al personal médico; la regulación de la objeción de conciencia; la necesidad de que quienes atienden estos casos lo hagan con sensibilidad, sin estigmas y con perspectiva de derechos humanos.
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