El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este martes a la cuestionada fiscalía de Guatemala, responsable de una investigación por la que se emitió una orden de captura contra su exministro de Defensa y la fiscal general colombiana por supuesta corrupción.
El lunes un tribunal guatemalteco ordenó la detención del exministro Iván Velásquez y la fiscal Luz Adriana Camargo, ambos exmiembros de la comisión antimafias de la ONU en Guatemala, según informó la fiscalía de ese país.
Los funcionarios colombianos, de acuerdo con la acusación, cometieron actos de corrupción a favor de la constructora brasileña Odebrecht. En la red X, Petro comparó a la fiscalía guatemalteca con otras de la región que según él “obedecen al crimen y no a las ciudadanías”.
“Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos”. Velásquez fue jefe de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de 2013 a 2019, mientras que Camargo fue jefa de investigación y litigio de esa entidad entre 2014 y 2017. Ambos gozan de inmunidad por ser una entidad patrocinada por la ONU.
La orden de arresto “carece de sustento jurídico y representa un riesgo para la colaboración entre países y organismos internacionales en la lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen organizado”, dijo Camargo en una rueda de prensa.
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por “corrupto”, afirmó el lunes que los dos colombianos incurrieron en “delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión”.
Velásquez, próximo a asumir como embajador en el Vaticano, rechazó la acusación el lunes y expresó su “solidaridad” con “tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”. Estas acusaciones se suman a otras causas judiciales contra exfuncionarios de Cicig y contra fiscales guatemaltecos que trataron de investigar actuaciones de la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras.
Porras, también sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, puso en vilo la transición presidencial de 2024 con la apertura de investigaciones contra el presidente Bernardo Arévalo y el resultado de las elecciones que él ganó en 2023, lo que el mandatario denunció como un intento de “golpe de Estado”. La cancillería colombiana ya había expresado el lunes que los mandatos de captura contra los funcionarios colombianos representan “una grave desviación de los estándares de derecho internacional”.
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