Haddad Castillo reconoce que el principal reto está en la judicialización de los casos
La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno estatal, María Haddad Castillo, anunció que Quintana Roo avanza hacia la creación de una nueva ley estatal contra la trata de personas, una legislación que sustituya la actual norma vigente, la cual ha quedado desfasada frente a las exigencias operativas actuales y los desafíos en la atención de estos delitos.
“Hay muchas áreas de oportunidad detectadas en los foros y mesas de trabajo, lo que nos lleva a valorar si es mejor reformar la ley existente o construir una nueva desde cero”, aseveró. durante su participación en un foro especializado denominado El impacto de la trata de personas en niños, niñas y adolescentes, organizado por la CTM el fin de semana pasado.
Indicó que la ley vigente regula las acciones de la Comisión Interinstitucional, instancia en la que confluyen fiscalías, ayuntamientos, cuerpos de seguridad y diversas dependencias enfocadas en la prevención, atención y erradicación de los delitos en materia de trata; sin embargo, reconoció que el marco actual no es suficiente.
Mientras a nivel federal se construye el Programa Nacional contra los Delitos en Materia de Trata, Quintana Roo se perfila como la única entidad que trabaja activamente en actualizar o reformular su ley estatal en esta materia, aseguró la funcionaria estatal.
“Hay estados que ni siquiera cuentan con una ley local. Nosotros no sólo tenemos una, sino que la estamos armonizando y actualizando para reflejar la realidad que enfrentamos en el territorio”, resaltó.
Afirmó que el alto número de operativos, rescates y cateos realizados durante la presente administración es reflejo de un compromiso frontal contra este delito. No obstante, reconoció que el principal reto está en la judicialización de los casos.
“Aunque se logran detenciones y rescates, hace falta traducir estas acciones en sanciones. Eso depende del trabajo riguroso en la integración de las carpetas de investigación por parte de las autoridades ministeriales”, apuntó.
La posible nueva legislación tendría como principal objetivo mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional, para que las acciones entre instancias gubernamentales sean más ágiles y efectivas, en especial en áreas sensibles como la prevención, detección temprana y atención integral a las víctimas.
Asimismo, se busca que esta ley esté plenamente alineada con las dinámicas de Quintana Roo, una entidad con alta movilidad poblacional, marcada presencia del turismo y modalidades específicas de trata, como la explotación sexual, la explotación laboral infantil y la trata familiar, donde menores son forzados a realizar actividades como ventas ambulantes en la vía pública bajo el pretexto de apoyar a la familia.
“Cuando una madre o un padre dice que su hijo está con él vendiendo en un camellón, muchas veces se normaliza, pero eso es explotación laboral infantil, es trata de personas. Necesitamos una ley que lo visibilice y lo atienda con claridad”, recalcó.
La creación de una nueva ley contra la trata en Quintana Roo, enfatizó, representa un paso firme en la modernización del marco jurídico para combatir uno de los delitos más complejos y ocultos en el país.
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