Descarta SSPC terrorismo en explosión en Coahuayana; se trata de pugna entre cárteles: Omar García Harfuch

Fue un acto criminal de grupos delictivos, las células afines al CJNG, Tepalcatepec y Unidos

La explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no corresponde al delito de terrorismo sino al de delincuencia organizada por una pugna entre cárteles, precisó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Son actos criminales de grupos delictivos, las células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec, y Cárteles Unidos, para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de drogas, narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto”.

No descarto que esos grupos “muchas veces han agredido a policías comunitarias, policías comunitarias, que fueron reguladas más o menos en 2016 muchas de ellas, pero éstos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en Femdo”.

En la mañanera del pueblo, precisó que lo ocurrido el sábado “no es por terrorismo; como sabemos en la ley mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos ideológicos, religiosos o sociales, en este caso específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales”.

-¿Se descarta entonces terrorismo?

-Sí, se descarta por lo que acabo de decir, no solo por la ley mexicana y por la ley internacional.

Indicó que se están haciendo diversas diligencias, en las cuales no abundó  para no quisiera entorpecer las investigaciones de  la Fiscalía General de la República (FGR).

García Harfuch subrayó que la explosión no fue un ataque directo a la policía comunitaria e indicó que no se descarta ninguna línea de investigación ahora que el caso lo atrajo la FGR.

Confirmó que la camioneta procedía de Colima. “Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya se informó (por las autoridades del estado) porque tomemos en cuenta que arriba de la camioneta cuando explota iban dos personas, y ya que (el caso) lo atrajo la Fiscalía General de la República se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes para determinar exactamente qué pasó.

“Porque no fue un vehículo, un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay un conductor y una persona adicional que ingresan, se estacionan y el vehículo es cuando cuando explota”. 

Mencionó que continuarán fortaleciendo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para disminuir homicidios y hechos violentos. “Es un plan que vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan todos estos estos índices delictivos”.

Explicó que “no es el primer evento que se usan explosivos este año precisamente en esta zona; esto es uno entre un grupo afín  al cartel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos, una pugna de dos personas líderes que están en la zona, muy específicos. Fue  una pugna entre ellos,  no fue un ataque directo a la policía comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes”. 

García Harfuch mencionó que ayer hubo varios varios aseguramientos de artefactos explosivos improvisados en Michoacán y en Sinaloa. “No fue un caso aislado, fueron varios”. 

Manifestó que ha habido “uso de artefactos explosivos improvisados algunos en vehículos y drones caseros”.

Se comprometió a informar sobre cuantos atentados o o hechos delictivos ha habido con drones explosivos, “tampoco es la primera vez que mencionamos la hipótesis donde les explota a ellos mismo un artefacto explosivo, que son sumamente inestables”. 

El secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, manifestó que la Guardia Nacional proporciona  75 servicios de seguridad  a funcionarios de los tres niveles de gobierno que así lo solicitan.

“Hablamos de poco más de 500 personas que están desplegadas en diferentes entidades del país y después  del  lamentable evento que sucedió en Uruapan (el asesinato del alcalde Carlos Manzo), se mantienen las solicitudes”. 

Dijo que éstas  llegan a la Secretaría de Protección Ciudadana y ahí se remiten a la Guardia Nacional, donde se realiza un análisis de riesgo, tomando diversos factores, “sobre todo la existencia de amenazas a la persona que está solicitando la seguridad y se determinan efectivos y vehículos”.