Fiscalizar sin castigar: la ruta perfecta hacia la impunidad

Por: Manuel Francisco Lizarraga López

Cada año se repite el mismo ritual institucional en Yucatán. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) revisa las cuentas públicas de municipios y dependencias, detecta irregularidades millonarias y presenta un informe de resultados al Congreso del Estado.
Hasta ahí, todo parece funcionar.
El problema comienza después.

¿Qué hace realmente la ASEY?

La ASEY es el órgano técnico del Poder Legislativo encargado de revisar cómo se gastan los recursos públicos. Es decir, su función es verificar que el dinero de los ciudadanos —impuestos, participaciones federales, fondos estatales— se haya utilizado conforme a la ley.

Cuando detecta anomalías, emite observaciones. Estas pueden ir desde fallas administrativas hasta presuntos daños patrimoniales, es decir, dinero que no se justifica o que simplemente desapareció.
Pero el procedimiento tiene varias etapas que, en la práctica, terminan diluyendo cualquier consecuencia.
Las “aclaraciones” y las facturas que aparecen por arte de magia
Una vez notificadas las observaciones, los entes auditados tienen oportunidad de “aclarar”. En muchos municipios, las irregularidades más frecuentes incluyen la ausencia de órganos de control interno, lo que facilita desvíos de combustible, materiales o recursos en efectivo.
Sin embargo, lo más delicado suele estar en la comprobación del gasto: facturas que no cumplen requisitos fiscales o que resultan apócrifas.

Aquí ocurre algo difícil de explicar al ciudadano común: en lugar de investigar si el gasto fue real, en ocasiones se permite sustituir la factura irregular por otra de distinto proveedor, presentada tiempo después. El documento “corrige” la forma, pero no necesariamente acredita que el servicio o producto haya existido.
La pregunta es simple: ¿se está revisando la legalidad del papel o la realidad del gasto?
Del “posible daño” a los expedientes congelados
Cuando la ASEY determina un “posible daño patrimonial” y no hay acuerdo con el ente auditado, el caso puede escalar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
Ahí comienzan los tiempos largos.

Recursos, inconformidades, revisiones y procesos que pueden extenderse durante años. En ese lapso, no es raro que ex alcaldes señalados por desvíos millonarios vuelvan a contender por cargos públicos o incluso regresen a gobernar.
Si el tribunal resuelve que sí existió daño, pero detecta fallas en la fundamentación legal o aplicación de normas obsoletas, el resultado puede ser la absolución.
Y el dinero nunca regresa.
Cuando llega a la vía penal… y tampoco pasa nada
En los casos más graves, la ASEY puede presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.

Para el ciudadano, ese debería ser el momento en que la justicia actúa con firmeza.
Sin embargo, los procesos penales también suelen prolongarse. Entre investigaciones, judicialización y recursos legales, el tiempo se convierte en aliado del señalado. Y cuando finalmente hay resolución, no siempre implica recuperación del daño.
El resultado final es conocido: al concluir cada periodo constitucional, más de la mitad de los alcaldes enfrentan señalamientos por irregularidades relevantes, pero rara vez se ve una restitución efectiva del dinero público.
El fondo del problema
El ciudadano escucha cifras millonarias en observaciones, pero nunca ve sanciones ejemplares ni devoluciones claras al erario.

Y entonces surge la duda inevitable:
¿el sistema de fiscalización está diseñado para corregir o simplemente para documentar?
Si la ley permite que los procedimientos se alarguen indefinidamente, que las faltas graves se diluyan en tecnicismos y que los responsables sigan ocupando cargos públicos, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural.
La fiscalización sin consecuencias es simulación.
Y cuando la simulación se institucionaliza, el costo lo paga siempre el mismo: el contribuyente.
La pregunta ya no es si hubo irregularidades.
La pregunta es quién va a garantizar que el dinero regrese y que la historia no se repita el próximo año.