Personal del Poder Judicial del Estado se prepara rumbo a implementar nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Como parte de las acciones para la implementación en Yucatán del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), personal del Poder Judicial del Estado se prepara mediante el estudio y análisis de este nuevo ordenamiento jurídico, cuya adecuada aplicación contribuirá a contar con procedimientos más ágiles, transparentes y orales, en favor de una justicia más cercana, accesible y efectiva.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, puso en marcha el curso “Análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, dirigido a secretarios de Acuerdos y secretarios de Estudio de Cuenta, tanto de los juzgados como del propio Tribunal. La capacitación se llevará a cabo durante marzo y abril.

Cabe recordar que el CNPCyF representa un hito en la evolución del derecho procesal mexicano, ya que por primera vez establece un marco normativo de alcance nacional al sustituir a los 32 códigos procesales locales. Este ordenamiento introduce un modelo procesal oral y promueve el uso de herramientas digitales y tecnológicas como ejes del sistema, además de poner especial énfasis en la capacitación institucional. En Yucatán, el código deberá entrar plenamente en operación en 2027.

El primer módulo del curso, con duración de cuatro horas, fue impartido por el magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región en el estado, perteneciente al Poder Judicial Federal, Michel Wabi Dorbercker, quien abordó la estructura general del código y sus principios.

Los módulos restantes estarán a cargo de la licenciada Gloria María Ceballos Cruz, la maestra Lourdes Isabel Reyes Arce, el doctor Luis Alfonso Méndez Corcuera, el licenciado Wilbert Vidal Pech, el doctor Jorge Rivero Evia, la licenciada Paula Florentina Lugo Martín y la doctora Elsa Rivera Uc, quienes expondrán temas relacionados con justicia civil, justicia familiar, pruebas, juicios sucesorios, recursos, medidas cautelares y ejecución.

Durante el inicio del curso, Torres López subrayó que la implementación del código nacional no implica únicamente la sustitución de normas procesales, sino que representa un cambio profundo en la cultura jurídica, en las prácticas de trabajo y en la manera de comprender la función jurisdiccional.

En presencia de las magistradas Sofía Cámara Gamboa y Carolina Muñoz Gasca, así como del magistrado Alán Hernández Conde, la magistrada presidenta señaló que la aplicación del nuevo código deberá realizarse no solo desde una perspectiva formal, sino en armonía con los estándares constitucionales y convencionales, incluyendo los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y los criterios interpretativos desarrollados por los tribunales.

Asimismo, destacó la importancia de considerar los precedentes locales relevantes, pues la transición hacia este nuevo modelo procesal deberá dialogar con la experiencia jurisdiccional que ya se ha construido en el estado.

“En el Poder Judicial estamos convencidos de que espacios como éste fortalecen nuestra capacidad institucional para enfrentar los cambios que exige el sistema de justicia. La profesionalización permanente no solo eleva la calidad de nuestras resoluciones, sino que también fortalece la confianza de la sociedad en sus instituciones”, concluyó.

Al inicio del curso también asistieron el consejero presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Níger Pool Cab, y el director de la Escuela Judicial, magistrado en retiro Jorge Eden Wynter García.