El sitio será el nuevo corralón de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana
Hace ya seis meses que ocurrió el desalojo de pobladores del área conocida como San Eduardo, y este jueves aún en controversia legal, ingresó maquinaria pesada para trabajar en el barrido y limpieza de la extensión de tierras alrededor de lo que será el nuevo corralón de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).
Aunque no había ningún representante del gobierno estatal, operadores de la maquinaria aseguraron a los pobladores de San Antonio Ebulá y los que vivían en casas improvisadas que ellos solo recibieron la orden de asistir a limpiar el terreno y dejarlo listo para el aplanado.
Las máquinas pesadas no tenían logotipo alguno de empresa o de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Obra Pública del Estado, por lo que los afectados no supieron a quien responsabilizar de estas acciones, y por esa razón llamaron al representante legal de los pobladores, Jorge Cocom Sánchez, quien cuestionó a los empleados sobre las diligencias del día.
Con documentos en mano, Cocom Sánchez aseguró que aún están en proceso las investigaciones con respecto a las tierras de San Eduardo, pues documentos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) le dieron derecho de posesión a unas 40 familias sobre 300 hectáreas de terrenos nacionales.
Dichos documentos no tuvieron ningún valor administrativo cuando los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM ) llegaron con la orden desalojo, cuando incluso unos 100 elementos antimotines incluso ayudaron a los afectados a sacar las cosas de las casas de lámina y maderas.
Al respecto, durante los meses que han pasado desde el desalojo, el gobierno del estado los ignoró aún cuando estuvieron acampando algunas familias en los bajos del palacio de gobierno hasta el pasado 14 de septiembre, cuando les dieron dinero y la promesa de resolver el caso inmediatamente.
En este sentido, afirmó levantarán una denuncia en contra del gobierno del estado y asistirán a juzgados federales para que respeten los procesos legales con respecto a la propiedad de esas tierras.
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