Salen de prisión los ocho militares señalados por caso Ayotzinapa

No podrán abandonar el país, por lo que entregaron sus pasaportes originales.

Los ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa salieron la madrugada de este miércoles de la prisión del Campo Militar 1-A, luego de que el sábado pasado la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo les otorgó el beneficio de la libertad condicional.

Se trata de Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, quienes abandonaron la prisión por la puerta 3 del Campo Militar, que conecta con la avenida Conscripto.

El abogado César Omar González, integrante del equipo de defensa de los elementos castrenses, indicó que pasada la media noche la Juez Segundo de Distrito de Procesos en el estado de México notificó su libertad inmediata en cumplimiento a la resolución que ordenó el cambio de medida cautelar y al haber satisfecho los requisitos exigidos por el juzgado.

Señaló que fueron saliendo de manera paulatina hacia las 3 de la mañana y en este momento ya deben estar con sus familias y listos para continuar enfrentando su proceso y demostrar su inocencia.

Para obtener la libertad los militares cubrieron el pago de la garantía de 50 mil pesos que les impuso la impartidora de justicia.

No obstante, dichos efectivos castrenses seguirán sujetos al procedimiento penal por el delito de desaparición forzada al tiempo que se les impuso una serie de medidas cautelares que no son privativas de la libertad.

Tendrán que realizar la presentación periódica quincenal los días uno y 16 de cada mes, ante el juzgado de distrito; tiene la prohibición de salir del país entregando al juzgado, en su caso, el original de su pasaporte; la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero, y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.