Trabajadores podrán acceder a casas de arrendamiento social tras 12 meses en cotizando el Infonavit.
El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 123 Constitucional, que garantiza el derecho de los trabajadores a acceder una vivienda digna, condiciones económicas accesibles y para ello regresa al Infonavit la posibilidad de construir casas habitación, parte de ellas para arrendar, “sin que impere la ley del mercado, del lucro o de la utilidad”.
Es la sexta reforma constitucional que se aprueba por unanimidad, con 106 votos a favor y cero en contra y fue turnada hoy a los congresos de los estados, para continuar con el proceso legislativo.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina, expresó ante el pleno senatorial su satisfacción por el consenso de todas las fuerzas políticas en torno a esa minuta que la Cámara de Diputados les remitió, en la que “se facilitan las condiciones para que haya un agresivo programa de vivienda, de construcción, de reparación y de arrendamiento social, que tiene como eje, por supuesto, el Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) pero se propicia también otras participaciones, por supuesto, del sector privado”.
La intención, recalcó, es definir a nivel de la Carta Magna, “una verdadera política social en términos de vivienda”.
En el artículo segundo transitorio de esa reforma se da al Congreso un plazo de seis meses para crear las leyes secundarias que aterricen los nuevos ordenamientos constitucionales, pero el senador Cantón Zetina dijo que hay el compromiso de armonizar ar en esa reglamentación las dudas que la oposición expresó en las reuniones de comisiones.
El también senador de Morena y dirigente del magisterio, Alfonso Cepeda Salas, resaltó que es una reforma que beneficiará aproximadamente a 55 millones de trabajadoras y trabajadores de México y sus familias” al fortalecer las capacidades del Estado para garantizar el derecho a una vivienda adecuada”.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) comentó que confía en que haya después otra reforma para incluir en ese esquema social de vivienda a los maestros y demás servidores públicos.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, agregó que esa modificación al Artículo 123 Constitucional permitirá a los trabajadores acceder a créditos baratos y suficientes para adquirir o mejorar las viviendas, o en los casos permitidos por la ley, adquirir suelo y construir una vivienda.
Podrán también optar por viviendas en arrendamiento social, cuya mensualidad no podrá exceder de 30 por ciento del salario, así como el derecho de adquirirlas en propiedad. En cualquier caso, se dará preferencia a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo, y no cuenten con vivienda propia.
“Este derecho, huelga decirlo, no solamente es un aspecto fundamental de la dignidad humana, como todos los derechos, sino también un pilar esencial para el desarrollo social y económico que garantiza que todas las personas, en particular las personas trabajadoras puedan acceder a una vivienda, y una vivienda es luego un hogar y un hogar es imprescindible para la felicidad de las familias”, recalcó.
Por su parte, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Luis Armando Melgar, comentó que esta reforma propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador permitirá aterrizar uno de los programas que la presidenta Claudia Sheinbaum, el de construir en seis años un millón de casas habitación.
Medio millón corresponderán al Infonavit, dijo y 50 por ciento restante a la Conavi. Dijo que es una propuesta revolucionaria, ya que “los programas sociales son muy importante; pero el discapacitado, el adulto mayor, el becario, si no tienen un techo, si no tiene una vivienda adecuada, no va a estar completo”.
En el dictamen se establece que después de cotizar por un periodo de 12 meses en el Infonavit, los trabajadores podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social, con una mensualidad que no podrá exceder 30 por ciento de su salario. El PAN advirtió de un riesgo latente en este nuevo esquema.
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