Difunden el dictamen de extinción de siete órganos autónomos

El proyecto se discutirá y votará la próxima semana en la Cámara de Diputados.

En el dictamen de la reforma sobre la desaparición de siete organismos autónomos sólo se presentan las razones para suprimirlos, así como las secretarías o entidades a las cuales se transferirían sus funciones, pero no se especifica a detalle de qué manera las cumplirán.

Ayer, la Cámara de Diputados dio a conocer dicho dictamen y los relativos a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y a la ley general de bienestar animal, los cuales se discutirán y votarán la próxima semana.

En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el proyecto indica que sus funciones de tutela del derecho de acceso a la información, política de transparencia y protección de datos personales, serán asumidas por la Secretaría de la Función Pública, que en el actual gobierno será renombrada como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Incluso se prevé, sin entrar en detalle, que las mismas funciones sean asumidas por el órgano de control y disciplina del Poder Judicial y las contralorías del Congreso de la Unión. Este mismo esquema se replica en el ámbito estatal.

A su vez, los comisionados del INAI afirmaron ayer que continuarán buscando el diálogo con los legisladores para evitar la desaparición del organismo. “Seguiremos, hasta el último aliento, insistiendo en la necesidad de la prevalencia de esta institución del Estado mexicano”, manifestó el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, al inaugurar en la sede del INAI el foro internacional de Buenas Prácticas en materia de Lenguaje Claro y Accesible.

“No podemos olvidarlo ni ocultarlo, pero hoy se da la primera lectura a la iniciativa que pretende la eliminación del órgano garante. Hay que reconocer lo que se ha hecho y no por nada la última encuesta nacional de Percepción y Evaluación Gubernamental 2023 del Inegi señala que las mexicanas y los mexicanos tienen alta confianza en los órganos constitucionales autónomos, tan sólo detrás de sus familias, sus vecinos y escuelas públicas”, comentó el comisionado presidente.

“Esta confianza la hemos ganado durante más de dos décadas y seguiremos, hasta el último aliento, insistiendo en la necesidad de la prevalencia de esta institución del Estado mexicano”, agregó.

Los temas relacionados con partidos políticos serán asumidos por el Instituto Nacional Electoral, y lo que toca a los sindicatos por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El dictamen no detalla cómo se mantendrá la autonomía y transparencia en el manejo de datos ni cuáles serán las obligaciones del gobierno federal para entregar información solicitada por particulares.

Por lo que se refiere al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), será la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la que asuma sus tareas, pero tampoco precisa cómo.

En la reforma aprobada en semanas recientes en la que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad recuperaron su estatus como “empresas públicas del Estado”, se incluyó que las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones serán otorgadas por el IFT, lo que significaría una nueva contradicción entrereformas aprobadas en la Cámara de Diputados. Más aún, el dictamen a votar la próxima semana prevé que, junto con el registro público de concesiones, que estaba a cargo del IFT, “se establecerá un Sistema Nacional de Información de Infraestructura a cargo de la dependencia responsable de elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal”.

En el dictamen también se anticipa que las labores de la Comisión Federal de Competencia Económica pasarán a la Secretaría de Economía, y las del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al Inegi.

Asimismo, la Secretaría de Energía asumirá las tareas de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, y a la Secretaría de Educación Pública, las de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

También en estos casos, no hay más detalle de su operación ni de sus funciones.