Con el voto a favor de 8 ministros, el pleno de la SCJN se suma al paro de labores

La propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y por ocho votos a tres, los ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron sumarse al paro de actividades que realizan los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en contra de que se apruebe la reforma al poder judicial.

Por cuarta ocasión de agosto a la fecha, no hubo sesión del pleno y en esta ocasión se determinó con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, que los integrantes del máximo tribunal del país suspenden actividades.

Hasta el momento, las tres ministras que votaron en contra de sumarse al paro se encuentran reunidas en la oficina de Yasmín Esquivel Mossa dialogando sobre lo acontecido y la situación que vive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Poder Judicial en su conjunto.

Posteriormente, la SCJN emitió la circular 4/2024 a través de la cual informó que suspenderá actividades hasta el próximo lunes 9 de septiembre y en esa fecha “en sesión privada, valorará la situación que prevalece para adoptar las medidas conducentes”, respecto al paro de labores de integrantes del Poder Judicial de la Federación y si se aprueba o no la reforma legislativa al Poder Judicial.

Procedería destitución de ministros que se sumen al paro judicial: ministras

Las ministras de la SCJN, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, aseguraron que “procede la imposición —mediante juicio político— de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público, a las ministras o ministros (entre otros servidores públicos) que en el ejercicio de sus funciones, … Incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

En este caso, el señalamiento de las tres togadas se realizó luego de que este martes en sesión privada, ocho ministros votaran por suspender labores SCJN y se sumaran al paro de actividades que realizan jueces, magistrados, secretarios de acuerdos y proyectistas, así como algunos trabajadores sindicalizados de manera individual. 

Para las ministras Esquivel, Batres y Ortiz, “el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, de conformidad con múltiples criterios sostenidos por la propia SCJN, como la jurisprudencia 118/2016, de la Segunda Sala. Por mayoría de razón, los titulares del máximo órgano de impartición de justicia, como las y los Ministros de esta Corte, no podemos suspender la prestación del servicio público que nos ha encomendado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Su postura refiere que en sesión privada el Pleno de Corte acordó, por ocho votos contra tres, suspender sus funciones, para sumarse al paro acordado por el Colegio de Secretarios y Secretarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., y el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C, y ellas manifestaron de manera enérgica en contra de la suspensión de labores”, al considerar que es su “responsabilidad constitucional ejercer el cargo de Ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia”.

Asimismo, refieren que el Código Penal Federal establece como delitos por hechos de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público que nos corresponde (artículo 215), o recibir el pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello(artículo 217 ter), por lo que, en todo caso, quienes votaron por el paro, debieron haber determinado dejar de percibir las remuneraciones que tienen como Ministras o Ministros.
 
Una vez tomada la decisión de suspender labores, las suscritas propusimos continuar sesionando a distancia, dado que se cuenta con una lista de 28 proyectos distribuidos en este Tribunal Pleno, y en las salas, contamos con dos listas ya repartidas semanas atrás en ambas salas que suman más de 200 asuntos.
 
De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental de todas las personas la impartición de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes y, por lo tanto, los órganos de justicia tienen la obligación de emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.