En Telchaquillo hasta los muertos votaron, denuncian ejidatarios ante irregularidades en asamblea.

Desacreditan el plebiscito a favor de la ocupación previa de Mayapán por parte del INAH.

María Tránsito Várguez Pacheco y Catalino Várguez Mena votaron el pasado domingo 15 en la asamblea de Telchaquillo. El problema es que ambos están muertos, como muchos otros más que igual fueron incluidos en el padrón. Esa y otras irregularidades denuncian ejidatarios, que acusan al comisario Russel Gregorio García Ávila y a funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Procuraduría Agraria de llevar a cabo “una asamblea repleta de ilegalidades para acelerar el proceso de ocupación de la zona arqueológica de Mayapán”, previo a su expropiación. 

Los ejidatarios que se oponen a la expropiación pudieron notar que el comisario ejidal repartía dinero entre personas, “300 pesos a cada una”, con derecho ejidal vigente para que votaran a favor de la expropiación, incluso si esas personas “ya no contaran con tierras y ya no vivieran en la comunidad sino en Mérida, Cancún, e incluso Cozumel”. 

Por otra parte, mientras se hacía el pase de lista, personas dedicadas a cotejar y corroborar que esta se hiciera de forma correcta, tomaron nota de que algunas de las firmas y los votos a favor incluían nombres de personas fallecidas, como los mencionados María Tránsito Várguez y Catalino Várguez. 

Dicha lista, acusan ejidatarios, no está actualizada e incluye a gente que aún con certificados agrarios no aparecen como votantes, por lo que no pudieron participar. Por otra parte, sí pudieron votar las personas que aún sin tierras o presencia en la comunidad, fueron convocadas por el comisario para hacer una “mayoría artificial”, como califican los ejidatarios a esta irregularidad. 

Otro de las faltas fue que personas que no pertenecen al núcleo agrario estuvieron presentes con la intención de causar alboroto alrededor de la asamblea.

Pese a que estos sucesos se dieron en presencia de las autoridades responsables de la Procuraduría Agraria, estas no respondieron a las irregularidades y tampoco intercedieron o cancelaron la asamblea. Por estas razones, los ejidatarios piden la impugnación de esta asamblea, a la que califican de ilegal por los motivos expresados.

Una vez hecha la votación en la que se apuntó una mayoría a favor de la ocupación del INAH, el personal de esta institución realizó una presentación donde explicó el acuerdo. Los ejidatarios, algunos de edad avanzada y en silla de ruedas, declararon que no pudieron entender mucho de lo que se les comentaba por falta de un buen sonido y de claridad. Algunos de ellos son mayahablantes y no se les concedió documentación en su lengua ni lectura en maya.

En algún punto de esta exposición, los ejidatarios reconocieron que necesitaban más detalles sobre varios aspectos en específico con respecto a la expropiación. Uno de ellos, por ejemplo, refería a las penalizaciones hacia la comunidad a favor del INAH por daños y perjuicios en caso de que esta expropiación no pudiera hacerse. Al cuestionar al personal del INAH sobre este aspecto, a los ejidatarios no se les dio más información.

Actos de discriminación 

Los ejidatarios también afirman que se sintieron discriminados por parte del personal de la Procuraduría Agraria y del INAH. Esto en motivo de las formas de proceder de estas dos instancias. En varias ocasiones, acusan, han sentido que la postura de directivos del instituto ha sido de prepotencia por declarar que la comunidad no cuenta con los elementos y la capacidad para cuidar de la zona arqueológica de Mayapán. 

Demanda en contra del INAH y de las autoridades ejidales

Actualmente, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034 admitió una demanda con expediente 1747/2024 hecha por la comunidad de Telchaquillo en contra del INAH en su instancia federal, a cargo de Diego Prieto y estatal, a cargo de Ana Goycoolea y de sus autoridades ejidales, el comisario Russel Gregoria García Ávila y su secretario Rodolfo Pat Varguez, debido a las reiteradas irregularidades respecto a todo el proceso de expropiación convenida con esta institución.

Esta demanda, promovida por 34 ejidatarios, busca los siguientes puntos:

– El pago de una indemnización por la ocupación y explotación de 40 años del sitio arqueológico de Mayapán perteneciente a la comunidad de Telchaquillo, sin el consentimiento libre previo e informado de la comunidad ni acuerdo de ocupación. 

– La nulidad de actas de asamblea anteriores, realizadas ilegalmente. 

– La convocatoria legal de la asamblea para la remoción del comisariado.

Respecto a los hechos ocurridos el pasado domingo 15 de diciembre, “estos se suman a una serie de actos impulsados por el INAH y el comisariado ejidal para el despojo de la zona arqueológica de Mayapán”, expresó el núcleo agrario

Los ejidatarios piden que, de acuerdo a la reforma del artículo 2 de la constitución, se respete a la comunidad de Telchaquillo como sujeto de derecho. A su vez, otra de las demandas es que se imponga una medida cautelar hacia el INAH respecto a la zona arqueológica de Mayapán. 

Ya el 6 de agosto pasado, los habitantes de la comunidad de Telchaquillo pidieron al INAH mediante un documento, el pago por los 40 años de ocupación de Mayapán. En este documento también se planteaba una coadministración del sitio arqueológico por parte de la comunidad de Telchaquillo y el INAH.