ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA LAURA FERNANDEZ, EX ALCALDESA DE PUERTO MORELOS.

La exalcaldesa de Puerto Morelos y excandidata a la gubernatura de Quintana Roo, Laura Fernández Piña, ha logrado una suspensión provisional contra la orden de aprehensión emitida por un juez de control de Chetumal.

La medida se concedió tras la inhabilitación por 20 años para ocupar un puesto en el servicio público, en un proceso relacionado con una supuesta malversación de más de 78 millones de pesos.

Según se informó, la exservidora pública interpuso una demanda de amparo indirecto para evitar su detención y, consecuentemente, el riesgo de cumplir una sentencia en prisión por posibles delitos cometidos durante su gestión como presidenta municipal en Puerto Morelos.

El Juzgado Noveno de Distrito de Cancún resolvió a favor de Fernández Piña, otorgándole la suspensión cautelar frente al requerimiento de detención emitido por el juez de control Ramón Jesús Aldaz Bencomo, adscrito a los Juzgados de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en Chetumal.

Para formalizar la medida, según el expediente consultado, la excandidata depositó 127 mil pesos en concepto de garantía, lo que permitió hacer efectiva la protección contra detención mientras se resuelve el fondo del asunto

Por el momento, Laura Fernández Piña no podrá ser arrestada por ninguna autoridad en relación con delitos ligados a su función pública.

No obstante, el juez federal titular del Juzgado Noveno de Distrito programó para el próximo 29 de abril una audiencia incidental dentro del expediente 388/2025 de amparo indirecto.

En esa audiencia se definirá si la medida de suspensión se convierte en definitiva. En caso de que el juez resuelva en contra de la excandidata, quedará sin protección legal y podrá ser detenida en cualquier momento por agentes asignados a la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.

La decisión marca un importante revés para quienes buscan su detención y pone en juego el futuro legal de la exservidora, quien ha sido una figura polémica desde que enfrentó la inhabilitación y las acusaciones de manejo irregular de recursos públicos.

Las próximas audiencias serán determinantes para establecer si la medida de suspensión se consolida o si se reanudan los procedimientos en su contra