Desde el Senado ampliarán la Ley 3 de 3, para todos los hombres

Es una advertencia para todos los malos políticos del país: Ramírez Marín

Mérida, Yucatán, viernes 15 de marzo de 2024.- Para garantizar la seguridad y el respaldo jurídico de las yucatecas, desde el Senado de la República se ampliará la Ley 3 de 3 contra la violencia, para que todo agresor cumpla cabalmente con sus obligaciones familiares, aseveró el candidato a senador por la 4T, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Durante la reunión que sostuvo con mujeres de la colonia Santa Rosa aseveró que todo deudor de pensión alimenticia, agresor sexual o causante de violencia familiar tendrá restricciones y limitaciones al momento de efectuar trámites en bancos y dependencias gubernamentales hasta que se haga responsable de sus actos y a favor de familiar.

“La actual ley sólo se aplica a funcionarios y a candidatos a puestos de elección popular, por lo que de continuar como legislador federal se le modificará para que sea aplicable a toda persona que pretenda dañar a su familia”, acotó.

“Cuando un deudor pretenda obtener una tarjeta de crédito, abrir una cuenta bancaria, sacar las placas de su vehículo o algún trámite, no lo podrá hacer hasta que cumpla con su familia, por lo que será un mecanismo que lo limitará por todo el país, es decir, su irresponsabilidad será la que lo persiga”, subrayó.

Enunció que cuando el hombre tramite su divorcio tendrá que pagar a su pareja el equivalente al tiempo que laboró como ama de casa durante el matrimonio.

A los hombres que estaban en la reunión les dijo: “el apoyar a la mujer es una inversión, y los más beneficiados serán los hijos”.

Ramírez Marín advirtió que “donde hay una mujer que sufre un abuso, hay niños afectados, los cuales serán los futuros agresores, y nadie desea mayor violencia”.

Recordó que el 29 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, mejor conocida como Ley 3 de 3, con la cual se impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios y culpables de violencia de género ocupar un cargo en el sector público ni ser postulados a un cargo de elección popular.