Presentan iniciativa para reconocer la salud mental como derecho humano en la Constitución de Yucatán

La propuesta busca combatir el suicidio en la entidad, que ocupa el segundo lugar nacional en casos.

El coordinador de la Fracción Legislativa del PRI, Gaspar Quintal Parra, presentó hoy una iniciativa para reconocer la salud mental como un derecho humano en la Constitución de Yucatán, con el objetivo principal de erradicar el suicidio y evaluar los marcos normativos para atender este grave problema social.

Al exponer que, a nivel nacional, el estado tiene la segunda tasa más elevada de suicidios, el diputado explicó que del 2018 al 2023, un total de mil 750 hombres y mujeres se quitaron la vida. Tan sólo el año pasado, se registraron 339 casos.

Abundó que de acuerdo con las Estadísticas de Mortalidad del INEGI, los rangos de edad de las personas que se suicidaron en Yucatán oscilan entre los 24 y 31 años.

Por tal razón, dijo que en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado el pasado 10 de octubre, se tiene que reflexionar que su relevancia trasciende lo individual, impactando a familias, comunidades y, en última instancia, a la sociedad en su conjunto, lo que hace imperante reconocer que el bienestar mental es tan importante como la salud física.

“La salud mental no solo es la ausencia de trastornos sino el estado de bienestar emocional, psicológico y social de una persona, impactando en la autoestima, actitud, capacidad para manejar el estrés, enfrentar los desafíos de la vida, mantener vínculos sociales satisfactorios y constructivos, realizar tareas cotidianas, sin que las emociones negativas permanezcan en forma permanente”, sostuvo Gaspar Quintal, de la fracción minoritaria del tricolor con solo dos diputados.

Abundó que al reconocerlo como un derecho humano en Yucatán, se priorizará la erradicación del suicidio para dar luz a todas las familias que han perdido a un ser querido de que sí se puede atender y prevenir este grave problema.

Agregó que también representa la oportunidad de evaluar el marco jurídico secundario que obligue a la actualización de la actual Ley de Salud Mental del año 2018, con la intención de destinar la suficiencia presupuestal para desarrollar políticas públicas que promuevan el acceso a servicios de salud mental de calidad, la prevención de trastornos mentales, campañas educativas, la eliminación del estigma social, el fortalecimiento de los sistemas públicos y de infraestructura para su atención y la formación de profesionales especializados, entre otros.