Baja California: jóven realiza primer acta de cambio de género en el estado

El proceso requiere de una petición de los padres y de un representante del DIF.

El gobierno de Playas de Rosarito procedió a modificar el género en el acta de nacimiento de una joven menor de edad lo que lo convirtió en el primer acto registral de un derecho que el Congreso de Baja California integró a su Código Civil, a partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Esta reforma local aprobada el 20 de junio obliga a las Oficialías del Registro Civil de los ayuntamientos a modificar actas de nacimiento de jóvenes, mediante petición acompañada de sus padres y de un representante del Sistema Integral de la Familia (DIF) municipales.

De manera institucional se asegura el derecho de identidad de niñas, niños y adolescentes trans, bajo una visión interseccional y el principio del interés superior de la niñez, señaló la diputada Michel Sánchez Allende, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes del Congreso de Baja California. 

Sostuvo que esta reforma en materia civil es congruente con los principios de la Cuarta Transformación y atiende las solicitudes de la ciudadanía por lo que se tramitó, revisó y dictaminó la iniciativa que presentó, el 16 de agosto de 2023, Liam Díaz Samuel Ortega.

Hace un mes, el Congreso de Baja California acató la resolución de la Corte de proteger los derechos de identidad de género a menores de edad, a través de la expedición de actas de nacimiento.

La aprobación por mayoría reconoce los derechos de las personas de la población de la diversidad sexual y de género, aunque contó con protestas, oposición y resistencia de los grupos Provida.

Estos grupos en favor de la vida desde la concepción se pronunciaron por poner un alto a Morena en la búsqueda “que menores puedan cambiar su género en el acta de nacimiento”. En contraparte,  la población LGBTTTI se manifestó a favor de la reforma y sus alcances en cuanto a derechos y libertades.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California promovieron una una acción de inconstitucionalidad sobre una reforma en la entidad que solo consideraba el derecho para adultos de modificar su identidad de género, por lo que pidieron que se hiciera extensivo a menores de edad.

En consecuencia, en junio de 2023 la SCJN resolvió garantizar este derecho a menores de edad y no sólo a adultos conforme asentaba el Código Civil del Estado.

La Comisión de Igualdad de Género y Juventudes del Congreso local aprobó por unanimidad de sus integrantes, todos morenistas, esta reforma que reconoce a toda persona su derecho a tramitar su cambio de género en las Oficialías del Registro Civil.

La legisladora Sánchez Allende dijo que la reforma se aprobó en el marco del mes del orgullo que conmemora la lucha y el reconocimiento de los derechos de las personas de la población de la diversidad sexual y de género. 

Esta iniciativa se centra en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que argumentan que se debe garantizar, al igual que a las personas mayores de edad, el derecho a la identidad de género a través de la expedición de acta de nacimiento.

Durante la sesión ordinaria de la comisión legislativa, se contó con la participación de activistas de la población trans, quienes se pronunciaron en representación de más de 700 personas que firmaron dicha iniciativa y en general de todas las personas trans, quienes exigen el respeto a la identidad, el combate al odio y en favor de salud mental.

Con este dictamen se garantizó el derecho de las infancias trans al reconocimiento de su identidad y se vinculó al derecho del libre desarrollo de personalidad, de igualdad y no discriminación, así como de la autonomía progresiva, señaló la legisladora morenista.

Sobre las protestas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Juan Manuel Molina, expuso que las manifestaciones tendrían que hacerse contra la SCJN pues esa soberanía les fijó un plazo de un año para acatar esa resolución que justo se vencía en junio de 2024.